Santo Domingo.- El Tribunal Superior Administrativo (TSA), fue apoderado este jueves de un amparo colectivo y una solicitud de medida cautelar por más de cien fiscales en contra de la aprobación del reglamento de escalafón, que los pondría a esperar años para poder ser ascendidos.
La instancia en contra de la Dirección General de Carrera del Ministerio Público, la Procuraduría General de la República, y el Consejo Superior del Ministerio Público, fue presentada a través del abogado Cirilo de Jesús Guzmán López y ex fiscal adjunto.
El Tribunal Superior Administrativo fijará audiencia a fin de conocer ambas acciones, la cautelar por el presidente de dicho tribunal, y el amparo para lo cual deberá ser designada una de sus salas.
Una comisión de estos fiscales se había reunido anteriormente con la procuradora general de la república, Miriam Germán, pero sin obtener una respuesta.
Las acciones legales, que cuentan con el apoyo de la Asociación de Fiscales Dominicanos (Fiscaldom), y su coordinador general Francisco Rodríguez Camilo, buscan que dentro del ministerio público se respete la carrera y no se cometan abusos a lo interno.
En la instancia solicitan al tribunal ordenar amparando los derechos de los accionantes para las entidades se abstengan de emitir ninguna disposición tendente a establecer criterios para los ascensos de miembros del Ministerio Público, en la forma que ha sido diseñada mediante la “Propuesta de Reglamento de Escalafón” y las “Bases del Concurso para Ascensos”.
Igualmente, disponer que los ascensos de los miembros del ministerio público solo obedezcan a los méritos, evaluación de desempeños, capacitación y tiempo en el servicio, en reconocimiento de los derechos adquiridos logrados mediante el trabajo de largos años en el desempeño de sus funciones.
Además pidieron al tribunal imponer una astreinte a la Procuraduría, al Consejo Superior del MP, en la persona de la Dirección General de Carrera del MP.
De un millón de pesos diarios por cada día de retraso en cumplimiento de la virtual sentencia de amparo en provecho de todos los ministerios públicos accionantes.
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