Santo Domingo.- La Fiscalía de Santiago solicitó a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente que imponga la prisión preventiva, como medida de coerción, en contra de un ex empleado del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), imputado del robo de más de RD$2,900,000.
Explicaron que la cantidad se sustrajo a través del consumo de combustibles, haciendo uso de una tarjeta electrónica que se le suministraba para realizar labores de la institución.
Los hechos que se le atribuyen al imputado Fredely Rafael Almonte Abreu, narrados en la instancia de solicitud de medida, indican que le fue suministrada una tarjeta de combustible en su calidad de soporte y asistente técnico de la Dirección de Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC) del Inaipi, para realizar traslados a diferentes centros del Cibao, y para lo cual hacía uso de la tarjeta de combustible que tenía un balance mensual de RD$3,600.
Almonte Abreu, a fin de sustraer los fondos suministrados para la realización de sus labores, dejaba en poder de un operador de la estación de combustibles la tarjeta de consumo, para que este la pasara a lo largo del día y le entregara el efectivo.
Además, se presentaba a la estación de combustibles con diferentes personas a los que abastecía de combustibles haciendo uso de la tarjeta.
La Fiscalía tiene en su poder los informes que evidencian que el imputado se presentaba a la estación de combustible a bordo de un Chevrolet, Equinox, que no pertenece a la flotilla vehicular del Inaipi para consumir el combustible y con cuyas maniobras sustrajo $2,966,259.95.
El Departamento de Investigaciones de Crímenes de Alta Tecnología (Dicat), de la Policía Nacional, realizó el levantamiento de imágenes de las cámaras de vigilancia de la estación de combustibles en donde se observa al imputado en sus acciones fraudulentas.
Alerta MP
El Instituto de Atención Integral informó que, al detectar la sustracción apoderó al Ministerio Público del caso para que realizaran las pesquisas de lugar y movieran la acción pública.
A su vez reiteró que la actual gestión, mantiene la política de tolerancia cero ante esta y cualquier otra acción dolosa e indelicada que pudiera suscitarse en la entidad.
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