Santo Domingo.- La dirigente sindical Eulogia Familia favoreció este lunes el proyecto de ley del poder ejecutivo sobre tráfico ilícito y trata de personas recién retirado del Congreso.
Dijo que es un esfuerzo del gobierno del presidente Luis Abinader que profundiza la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, nacional e internacional y que cada dominicano debe apoyar, sin dejarse influenciar por informaciones procedentes de sectores prejuiciados, que atribuyen que es para beneficio a una comunidad de migrantes en particular.
Señaló Familia que quienes se oponen simple y llanamente a la ley partiendo de criterios prejuiciados, hacen un flaco servicio a la sociedad y sin proponérselo le dan pie de fortaleza a los que intervienen en el tráfico ilícito de personas como son los captadores, organizadores y traficantes, así como a los negocios de acogida de personas en esclavitud.
“Es importante que ahora se someta a consideración de los sectores, por cuánto se hace necesario que el país se documente mejor del tema, lo cual es una de las razones por la cual ha encontrado permeabilidad en el rechazo político”, dijo la dirigente sindical.
La sindicalista acoto que la trata de persona se produce en el tráfico ilícito o no de personas de un país a otro, pero también en la movilidad interna entre nacionales de una comarca a otra en el mismo territorio donde las poblaciones más afectadas son regularmente mujeres y niños/as que a veces son reclutados en esclavitud para prostitución y explotación sexual, pornografía y/o laboral no teniendo las víctimas contactos con otras personas que no sean sus infractores de la ley y agresores que los tienen en cautiverio como si fuesen propiedad privada.
Familia documentó que el tráfico ilícito y la trata de persona además de la esclavitud envuelven otros delitos como el narcotráfico, tráfico de armas y hasta el tráfico de órganos.
La trata de personas definida también como esclavitud moderna según la OIT afecta a unos 40 millones de personas en el mundo y Republica Dominicana al ser un país expulsor, transito, de acogida y tráfico de migrantes está en el deber de adecuar su legislación para prevenir y proteger a las víctimas.
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