Santo Domingo.- La Asociación de Fiscales Dominicanos (FISCALDOM) intimó al presidente de la República Luis Abinader, a fin de que en el proyecto del Presupuesto General de la Nación para el año 2023, sean asignados a la Procuraduría General de la República (PGR) los recursos suficientes para cubrir las necesidades perentorias de los miembros del Ministerio Público (MP).
Además advirtieron de que en caso de no obtemperar a su requerimiento, los fiscales de todo el país podrían paralizar todos los trabajos bajo su responsabilidad, lo que incluye, la persecución, allanamientos, investigación, acusación, vías recursivas y todo el sistema de justicia penal.
El presidente de la asociación, Francisco Rodríguez Camilo, manifestó que también fueron intimados Eduardo Estrella, presidente del Senado; Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados (CD); José Manuel (Jochi) Vicente, ministro de Hacienda; José Rijo Presbot, director general de Presupuesto (DIGEPRES), quienes conjuntamente con el presidente de la República, fueron puestos en mora para que en la elaboración, formulación, presentación y aprobación del presupuesto se incluyan las partidas o asignación presupuestaria imprescindibles para que el Consejo Superior del Ministerio Público y la PGR puedan mejorar la calidad de vida y las condiciones de trabajo de los miembros del MP, en cumplimiento de lo que se dispone la ley.
Destacó que con la asignación de los recursos económicos que les corresponden al Ministerio Público, se cristalizará y consolidará la autonomía funcional, presupuestaria y administrativa consagrada en los artículos 169 y 170 de la Constitución, y de esa manera este órgano extra poder adscrito al sistema judicial pueda cumplir con las reivindicaciones, las conquistas, y los derechos adquiridos por los miembros del Ministerio Público desde el año 2003.
Rodríguez Camilo manifestó que como fruto de la negativa de los gobiernos anteriores de asignarles los recursos que les corresponden a la Procuraduría, a todos los miembros del Ministerio Público se les han violado sus derechos fundamentales, porque reciben el pago de un salario pírrico e insignificante, en violación a lo que disponen las leyes, por lo que advirtió no soportarán más burlas de parte de las autoridades, ni violaciones de derechos fundamentales en perjuicio de todos los fiscales del país.
Dijo que otros derechos fundamentales que se les están violando a todos los miembros del Ministerio Público son el derecho a la igualdad, a la dignidad humana, a la protección y asistencia a las personas de tercera edad y el derecho a la seguridad social para protegerlos en la enfermedad, discapacidad, desocupación y vejez, entre otros.
A su vez, señaló que los fiscales carecen de un salario digno o decoroso, al nivel de las funciones que desempeñan y que no pueden ejercer ninguna otra actividad pública, ni privada; que trabajan en condiciones de peligrosidad, combatiendo la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado, y a pesar de todo, sus precariedades económicas los obliga a vivir en barrios marginados, conviviendo ellos y sus familias en sus vecindarios, rodeados de los focos de delincuencia argumentando que solo en San José de Ocoa, en el último mes cuatro fiscales han sido víctimas de atentado de parte de sectores ligados a la delincuencia y al narcotráfico.
También, que no tienen un plan de seguro médico de alta cobertura, por lo que en los últimos 15 días han muerto tres fiscales, por carecer de buenas atenciones médicas y de medicamentos; que hay más de 50 fiscales en mal estado de salud provocado por el estrés laboral, padeciendo de cáncer, enfermedades cardíacas, renales, hepáticas, estomacales, digestivas, depresivas, ansiosas, Alzheimer, insuficiencia renal e insuficiencia cardíaca; y más de 20 que están esperando la pensión por vejez o discapacidad.
Asimismo, criticó, que no tienen un plan de retiros, pensiones y jubilaciones, lo que trae como consecuencia que los hijos, la esposa y los dependientes de los miembros del Ministerio Público están condenados a quedar desamparados, en miseria y en precariedades, cosa que no sucede con los jueces del Poder Judicial (PJ), los del Tribunal Constitucional (TC), los miembros de la Junta Central Electoral (JCE), la Policía Nacional (PN), los militares, los maestros, los empleados del Banco de Reservas y del Banco Central (BCRD).
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