Santo Domingo.- Decenas de juristas miembros del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), realizaron este martes una vigilia al frente del Congreso Nacional, en rechazo de la aprobación en primera lectura del Proyecto de Ley de Uso de Medios Digitales por parte de la Cámara de Diputados, alegando que el mismo legalizara el cierre y las limitaciones del sistema de justicia e incrementará los niveles vulnerabilidad y deficiencia de estos servicios en perjuicio de la población.
Miguel Surun Hernández, presidente del CARD y vocero de los presentes, afirmó que con esa iniciativa legislativa se busca el colapso de los servicios presenciales en todo el sistema de justicia, se legaliza la entrega de pruebas de manera virtual, lo que hace más vulnerable los procesos y violenta los derechos de los usuarios del sistema.
Surun Hernández calificó como sorprendente que el Congreso Nacional esté conociendo un Proyecto de Ley de Uso de Medios Digitales a pesar de que el Tribunal Constitucional declaró como inconstitucional varios aspectos de la justicia virtual, mediante la sentencia TC/0286/21.
El jurista recordó que a través de dicha sentencia el TC estableció que la presencia física de las partes en la audiencia es un mecanismo que procura salvaguardar los principios de inmediación, concentración y contradicción de los usuarios, derechos contemplados en la Constitución de la República.
“El Proyecto de Ley de Uso de Medios Digitales en sus artículos 11, 12, 13, 14 también pretende quitarle facultades al Congreso Nacional a través del establecimiento de la Ley “Habilitante”, con el objetivo de que ese poder del Estado ceda en favor de otro órgano sus potestades legislativas, sobre todo en materia de garantías fundamentales, lo que atenta contra el estado de derecho y la Constitución”, denunció el gremialista.
Los abogados en vigilia indicaron que se aspira, además, eliminar el requerimiento judicial de un expediente físico para cada proceso judicial, con las pruebas originales en los que las partes sustentan sus alegatos, mediante la instauración del supuesto expediente digital, el cual solo constará de documentos escaneados, es decir en fotocopia, lo que abre las puertas a todo tipo de fraudes, mediante la suplantación digital de sellos y firmas, falsificación de documentos escaneados, pues las partes no tendrán que depositar sus originales, y los jueces podrán dictar sentencia en base a esas fotocopias, lo que calificaron como grave.
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