Santo Domingo.- El abogado John Garrido afirmó este miércoles que la manera en que la actual Cámara de Cuentas procede a realizar investigaciones especiales y auditorias reflejan un incumplimiento a las formas de procedimiento y objetivo para este tipo de estudio.
El jurista planteó que de acuerdo al artículo 34 de la Ley No. 10-04 este tipo de auditorías tienen un debido proceso que debe cumplir la Cámara de Cuentas y explica que debe realizarse al incumbente actual y deben estar dentro del plan anual de control de las instituciones.
El profesional del derecho indicó que las auditorías denominadas “estudios e investigaciones especiales” se realizan en los casos en que se presuma la existencia de irregularidades tipificadas por las leyes penales y que puedan afectar el patrimonio público.
Agregó que, en cualquier caso, si de la auditoría se determina un perjuicio patrimonial y se identifican los responsables, la Cámara de Cuentas procurará la restitución de los bienes, les ordenará al superior de la entidad que haga las gestiones para que se devuelvan los bienes, y si en un plazo de 30 días, la autoridad no procede a cumplir con el mandato de la Cámara de Cuentas, ésta procederá a someter el hecho a la acción de la justicia.
“En el hipotético caso de que el funcionario o los empleados responsables hayan cesado, tal circunstancia no sería un obstáculo para dejar establecidas las responsabilidades previstas en la ley, y pueda ejercerse la recuperación de los bienes o valores y se accione judicialmente, actuaciones que hará dentro de un plazo de 5 años”, enfatizó el exfiscal.
John Garrido dijo que, si ese tipo de auditoría arroja indicios de responsabilidad penal, se informará al Ministerio Público, a los organismos de prevención de la corrupción y a los empleados involucrados, acompañados de las evidencias y a su vez de las observaciones y recomendaciones que hace la Cámara de Cuentas.
“En fin, las auditorías de la Cámara de Cuentas están regladas por un debido proceso legal, con propósitos y objetivos bien definidos, claros y precisos y no son herramientas a la merced del Ministerio Público, y que han devenido en caldo de cultivo para impulsar procesos penales contra exfuncionarios públicos”, expuso Garrido.
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