Santo Domingo.- La Fundación Primero Justicia denunció un plan de sabotaje a los procesos de corrupción iniciados contras funcionarios del pasado gobierno, para sentar las bases de su descargo e impunidad, mediante la contratación fraudulenta de los abogados Miguel Valerio Jiminián, Ramón Emilio Núñez Núñez, José Figueroa Güílamo y la oficina Valerio Jiminián.
El organismo aseguró que la contratación realizada en violación de la Ley 340-06, por parte de EDESUR, S.A., EDENORTE, S.A., EDESTE, S.A., CDEEE Y Estado Dominicano, por más de US$1.0 millón; lo cual implicaría otorgar a favor de los imputados de los casos Pulpo y Coral, una coartada justificativa, consistentes en que entidades del Estado, efectúe las mismas conductas, por la que a dichos corruptos, se les persigue.
Miguel Surún Hernández, miembro de esa entidad, dijo que es ilógico, irracional y sospechoso, que se incurra en un acto de corrupción, contratando abogados violando la Ley 340-06, para perseguir actos de corrupción, cuya espina dorsal es la violación de la Ley 340-06, como ocurre en los procesos Antipulpo y Coral, “pero más sospechoso es que, en lugar de contactar los abogados designados por el presidente Luis Abinader, mediante decreto 22-21, se decida obviar la declaratoria de austeridad del Gobierno, gastando millones de pesos en abogados con fuertes vínculos con el pasado gobierno”.
Surún Hernández, crítico de los procesos de corrupción, entre los que se encuentran Odebrecht, algunos de los cuales, fueron de los principales defensores del acuerdo de archivo de citado proceso, lo que apunta a un plan macabro de impunidad mediante maniobras de sabotaje, desacreditando la espina dorsal de las acusaciones por corrupción, que es la violación a la Ley 340-06.
“Pues, no le puedes pedir a nadie no hacer, lo que haces; todo en franco desafío de la autoridad del presiente Luis Abinader, que no solo ya designó los abogados sin tachas, encargados de recuperar bienes del Estado dominicano, sino en desobediencia a la resolución Ref. RIC-69-21, de fecha 24 de marzo del 2021, mediante la cual, la Dirección General de Compras y Contrataciones, anula un contrato de servicios legales por haber sido realizado de grado a grado, en violación a la Ley 340-06”, apuntó el jurista.
Indicó que parte de la trama incluye, someter querellas defectuosas, sin formulación precisa de cargos, con el objeto de lograr archivos forzados, “pues si analizamos la querella contra Rubén Bichara, no hay forma de justificar, que no se optara por someter de manera detallada, la comprobada sobrevaluación de más de US$2,000 millones de Punta Catalina, cuya prueba se encuentra almacenada en los archivos de la fiscalía de Brasil, y en los testimonios de los ejecutivos de Odebrecht, de fácil acceso a través de la cooperación internacional”.
A su vez, precisó que en su lugar, se opta por pasar de lado ese proceso, que envuelve el más grande acto de corrupción en toda la historia republicana, realizado durante el Gobierno encabezado por el expresidente Danilo Medina y José Ramón Peralta, a los que consideró principales beneficiarios de la impunidad generada por la trama.
“Ante la gravedad de la situación, hacemos un llamado formal a la magistrada Mirian German (procuradora general de la República), Yeni Berenice Reynoso (directora de Persecución de la PGR) y Milagros Ortiz Bosch (directora general de Ética e Integridad Gubernamental) que inicien una investigación exhaustiva ante una trama contra la gestión anticorrupción del presidente Luis Abinader, quien ha dado muestras sobradas de acabar con la impunidad, deseo que muchos de sus funcionarios no comparten”, señaló.
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