Santo Domingo.- La diputada del Partido Revolucionario Moderno (PRM) Jacqueline Montero condenó el desalojo de que fueron objeto este fin de semana decenas de trabajadoras sexuales, en los alrededores de la Basílica Nuestra Señora de la Altagracia, por parte de autoridades en Higüey, provincia La Altagracia.
La legisladora por San Cristóbal entiende que la detención es una muestra más de la discriminación y violación de derechos que experimenta esa población en el país.
“En la República Dominicana no existe una ley que prohíba el trabajo sexual, por lo tanto, ese apresamiento resultó ilegal”, afirmó la también directora del Movimiento de Mujeres Unidas (MODEMU), una ONG que trabaja en el empoderamiento de dicha población.
Montero también comentó que “es natural el hecho de que las trabajadoras sexuales escojan esa área para ofrecer sus servicios sexuales, debido a que es una zona ampliamente transitada”.
Manifestó que en vez de colocarlas en una situación de mucho más vulnerabilidad, el Estado y la Alcaldía de Higüey, deberían crear más fuentes de empleos para que las trabajadoras sexuales tengan otras opciones en la vida.
“La mayoría de las compañeras que realizan el trabajo sexual son madres solteras que deben mantener solas a sus hijos y a las cuales se les hace difícil conseguir empleo, por la discriminación que experimentan en el día a día. El Estado debe garantizarle sus derechos en vez de maltratarlas”, apuntó.
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